Despacho de abogados en Palencia para casos de divorcio, herencias y accidentes

El Consejo de Ministros aprobaba el martes 5 de mayo el Real Decreto Legislativo del Texto Refundido de la Ley Concursal. El Congreso virtual de Derecho Concursal: «Del ERTE al Concurso», organizado por Lefebvre en la misma fecha de aprobación, daba una primera aproximación al texto refundido y a la Directiva comunitaria. La norma es fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la legislación concursal.

Después de su aprobación en 2003, la Ley Concursal habría sido modificada en un total de 28 ocasiones. Dadas estas alteraciones sistemáticas del contenido y la situación excepcional por el impacto económico de la pandemia de coronavirus, el gobierno español ha considerado la aprobación "por obligación" del real decreto. Así lo manifestaba la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa en la que se hacía oficial el nuevo real decreto. Según Montero, el Gobierno habría aprobado el texto refundido de la Ley Concursal para "clarificar y dar seguridad jurídica".

Las continuas modificaciones de Ley Concursal habrían generado incongruencias en su texto, interpretación y contenido que derivarían en un problema de seguridad jurídica. El nuevo texto refundido busca la preparación de la norma para su futura actualización con la incorporación, en un futuro inmediato, de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

Adaptación a un escenario de crisis

Durante el Congreso virtual de Derecho Concursal: «Del ERTE al Concurso», organizado por Lefebvre este 5 de mayo , lo expertos se hacían eco de aspectos concursales claves en el nuevo mapa de riesgos concursal, consecuencia del impacto económico, como los citados procedimientos de restructuración, insolvencia y exoneración de deudas. En el evento se concluía que la protección de autónomos y particulares requiere de la aplicación de procedimientos que impulsen la recuperación económica de estos colectivos, en las mejores condiciones y el menor tiempo posible.

Así lo afirmaban en sus exposiciones José María Fernández Seijo, magistrado en el Juzgado Mercantil de Barcelona, Ana Belén Campuzano, catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad San Pablo CEU y Aurelio Gurrea Chalé, presidente de Dictum Abogados y del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. En concreto, Fernández Seijo, se refería a la capacidad de endeudamiento que genera insolvencia y que el deudor utiliza para obtener el beneficio de la segunda oportunidad. En su opinión, aunque el legislador no concibe este derecho como fundamental, los jueces "estamos construyendo una especie de derecho fundamental a la segunda oportunidad amparado por ley. Europa ante la situación de sobre endeudamiento nos está diciendo que hay que considerar que este derecho es de más intensidad que el que tiene la ley".Además de que el nuevo texto pueda servir de "base" para la actualización con la incorporación en un futuro inmediato de la directiva europea, también permite poner en marcha futuras reformas normativas para paliar los efectos económicos sobre las empresas que pueda generar la actual crisis del Covid-19, que podrán sumarse a las medidas excepcionales ya adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril.

El impacto concursal por el Covid-19

Asimismo, en el transcurso del Congreso virtual de Derecho Concursal se han tratado las cuestiones más relevantes para dilucidar el impacto concursal de la crisis económica y determinar los posibles escenarios futuros. Los ponentes han hecho un completo repaso por la medidas gubernamentales relativas a los procesos de insolvencia como el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Cada uno desde su experiencia profesional ha aportado los puntos clave sobre aspectos como la recuperación de la figura del reconvenio; el permiso a las empresas y autónomos en estado de insolvencia para no solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020; el aplazamiento de un año del deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores o la posibilidad de presentar una propuesta de modificación o una nueva solicitud a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado.

Concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado

Además de la refinanciación de las empresas o la tutela de particulares y autónomos frente a la crisis, la temática del Congreso se completaba con una exposición sobre las estrategias empresariales que ofrece la legislación concursal. Mientras Mª de la Concepción Ordíz Fuertes, abogada del Estado, apuntaba a que “la legislación está activando muchas oportunidades en forma de préstamos, avales, subvenciones, seguros e incluso reaseguros”; por su parte, Alejo López-Mellado, socio de Auren, enumeraba la sistemática para prepararse ante un concurso de acreedores, en la que se encuentra la oportunidad de"agotar todas las opciones preconcursales y tener toda la documentación preparada para que la empresa pueda acceder rápidamente al proceso concursal”.

Con el nuevo texto refundido, la Ley Concursal se habría ampliado a un total de 752 artículos divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado. El texto de la Ley Concursal, hasta ahora vigente, consta de 242 artículos agrupados en 10 títulos.

La nueva norma ha sido informada por el CGPJ, el Consejo Fiscal y las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios que la habrían propuesto en conjunto (Justicia y Asuntos Económicos y Transformación Digital) y fue objeto de información pública recibiéndose más de 23 escritos de observaciones.

También ha sido informada por el Consejo de Estado que, sin perjuicio de hacer observaciones en sus más de 100 páginas de dictamen, valora la labor efectuada por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, señalando expresamente que “la refundición proyectada es necesaria, en tiempo oportuno y se ha llevado a cabo con una cuidada técnica normativa”.

El Real Decreto Legislativo aprobado entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 2020 para que todos los operadores jurídicos tengan tiempo suficiente para conocerlo en profundidad.

La formación en materia mercantil sobre los nuevos aspectos procesales, derivados del impacto económico por la extensión de la pandemia, se encuentra en tres cursos imprescindibles (12,14 y 19 de mayo):

- Impacto concursal del Covid-19. Solicitud, declaración y otros aspectos procesales- ERES concursales, por fuerza mayor y convencionales. Competencia y cauce procesal- Primera aproximación al Texto Refundido de la Ley Concursal- El Congreso virtual de Derecho Concursal: «Del ERTE al Concurso» se puede adquirir en la plataforma online de Formación Lefebvre.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que los profesionales también tienen derecho a ver anuladas las cláusulas suelo de sus préstamos a tipo variable (las que impiden que bajen las cuotas aunque lo hagan los tipos de interés) pese a no ser considerados consumidores. Los autónomos no fueron incluidos en el mecanismo extrajudicial que puso en marcha el Gobierno del PP en 2017 para la reclamación de las cláusulas suelo tras la sentencia europea que dio razón a los consumidores y obligó a la banca a devolver todo el dinero de estas cláusulas.

Comenzaron entonces los litigios judiciales de algunos autónomos y profesionales que consideraban que en su caso también eran ilegales. Ha habido sentencias en distintas instancias judiciales que a veces les han dado la razón y otras no. Ahora el Supremo, en una sentencia adelantada por Europa Press, establece que al menos en algunos casos, aquellos en los que no ha habido posibilidad de conocimiento por parte del prestatario, lo que llaman el control de inclusión, sí deben anularse estas cláusulas suelo.

En los fundamentos de derecho, la sentencia relata que en 2012 un taxista y su esposa suscribieron con Abanca un contrato de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, si bien con una limitación a la variabilidad del tipo de interés (suelo) del 6,50%. La finalidad del préstamo era la financiación de la adquisición de una licencia municipal de taxi en Madrid.

Años después, formularon una demanda contra Abanca en la que solicitaron que se declarase la nulidad de la cláusula de limitación y se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación, como así será. La sentencia de primera instancia estimó la demanda del taxista, como lo hizo la Audiencia Provincial tras el recurso de Abanca, y finalmente ha hecho el Supremo.

El juzgado de primera instancia consideró que la cláusula suelo no superaba el control de incorporación, esto es, que no bastaba que dicha cláusula estuviera en el contrato y que pudiera ser comprensible gramaticalmente, sino también su posibilidad real de conocimiento.

No se cumplió en este caso, ya que no se entregó la ficha FIPER (ficha informativa personalizada de la hipoteca) y el notario tampoco consignó expresamente la advertencia de esta cláusula suelo en la escritura, por lo que el cliente no tuvo oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés.

El Supremo ha confirmado que la entidad deberá devolver al afectado por la cláusula suelo la cantidad pagada de más como consecuencia de la diferencia entre el 6,5% impuesto y el Euríbor aplicable desde el 9 de mayo de 2013 (el préstamo se firmó un año antes con tipo fijo en los 12 primeros meses).

Según la plataforma online de servicios legales reclamador.es, este fallo permitirá a los autónomos, empresas y profesionales reclamar la cláusula suelo en sus préstamos, "que hasta ahora se encontraban con la imposibilidad de beneficiarse de la legislación propia de los consumidores". Reclamador.es explica que, en estos casos, la defensa debe orientarse al argumento que finalmente ha acogido el Tribunal Supremo, el control de inclusión, informa EP.

Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, recalca que "por fin el Tribunal Supremo pone paz en este asunto. Definitivamente, una cláusula que no supera el control de incorporación porque a pesar de ser gramaticalmente correcta de ella no se deducen las consecuencias económicas para el cliente, no debe ser incorporada al contrato. Y esto da igual si eres un consumidor particular, que una pyme, un autónomo o una empresa. Y debes tener derecho a recuperar tu dinero".

Las propuestas de sanciones impuestas por las Fuerzas de Seguridad desde que se decretó el estado de alarma ascienden ya a 869.537 en toda España. Una cifra elevada que no se corresponde, según trasladan desde el Ministerio de Interior, con el comportamiento general de la población, que respeta el confinamiento y las medidas de distanciamiento e higiene decretadas.

El sistema coercitivo escogido por el Gobierno para asegurarse de que la población cumple con las medidas traerá consigo un aluvión de recursos por la vía administrativa que los ciudadanos, según expertos consultados, tendrán fácil ganar.

Tanto el Defensor del Pueblo como la Abogacía del Estado han manifestado su posición respecto a la decisión de Interior de remitirse a la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) para las propuestas de sanción de entre 601 y 2.000 euros por incumplir lo indicado en el decreto del estado de alarma del 14 de marzo: o hay una desobediencia al agente, o no se pueden imponer. Es decir, sólo se podrá multar si el agente ve a alguien incumpliendo alguna de las normas del decreto del estado de alarma del 14 de marzo, le avisa, y aún así desobedece.

Sin embargo, Interior ha insistido en que el mero incumplimiento de lo decretado, sin aviso policial, supone una desobediencia a las órdenes del Gobierno en lo decretado y por tanto los agentes pueden proponer la sanción. Una posición que distintos juristas ya han valorado, incluso, como inconstitucional.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Despachos de abogados consultados por El Independiente manejan ya modelos de escritos muy similares para recurrir las propuestas de sanciones. Éstos se dirigirán a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que las remite a los domicilios los 15 días siguientes a recibirlas, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En primer lugar se expondrá la propuesta de sanción por infracción administrativa que se ha recibido. Después, se indicará que no se está de acuerdo con ésta refiriéndose al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana al que el Gobierno recurre para sancionar, puesto que es «imposible» sancionar por infracción de dicho artículo «sin existir desobediencia al agente de la autoridad».

El artículo de dicha ley establece como infracción lo siguiente: «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

Por lo tanto, si el recurrente no desobedeció al agente, sino que únicamente incumplió lo decretado en el estado de alarma, podrá alegar esta imposibilidad de ser multado. De hecho, los abogados recurrirán en sus escritos a jurisprudencia que lo sostiene.

Un ejemplo que parece será muy utilizado es la sentencia del Tribunal Supremo (STS de 10 de julio de 1992) que establece: «La base y requisito indispensable y esencial para que pueda ser cometido el delito de desobediencia radica en la existencia de una orden o mandato directo, expreso y terminante dictado por la Autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones que sea conocido real y positivamente por quien tiene la obligación de acatarlo y no lo hace».

El decreto no tiene régimen sancionador

Como segunda alegación, los recurrentes podrán exponer que el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma no tiene régimen sancionador.

«El artículo 20 del mismo decreto establece respecto al Régimen Sancionador que: ‘El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio (que regula los estados de alarma, excepción y sitio)’. Pues bien, dicha LO 4/1981, en su artículo 10 recoge: ‘El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes'». Puesto que la ley a la que el Gobierno recurre para sancionar es la de Seguridad Ciudadana, como se ha expuesto antes, volvemos al punto de que ésta sólo contempla sanciones con previa desobediencia.

Finalmente, los recurrentes podrán exponer sus razones contra el informe elaborado por las Fuerzas policiales para proponer la sanción. Podrán defender que los hechos relatados son inciertos o trasladar, si es así, que había testigos que pueden explicar cómo ocurrió la situación.

Por lo que, según los expertos consultados, la fórmula escogida por el Gobierno parece haber sido útil para asegurar el respeto de las normas del estado de alarma por parte de los ciudadanos por el miedo a ser multados. Sin embargo, muchas propuestas de sanción están abocadas a anularse si se recurren en tiempo y forma.

© Proporcionado por El Independiente

Los jueces de Palencia, ante el cambio planteado por el Ministerio de Sanidad permitiendo salir a los menores, ha acordado suspender la orden del pasado mes de febrero y permitir recuperar el régimen de visitas así como la custodia compartida en Palencia. Igualmente, abren la puerta a la posibilidad de que el progenitor que haya resultado perjudicado durante este periodo pueda recuperar el tiempo perdido.La entrada en vigor del Estado de Alarma trajo consigo la suspensión de estos dos derechos al prohibir la libre circulación de personas. Con el levantamiento de la prohibición, los jueces han optado porque estos dos derechos fundamentales se restituyan.

Los jueces palentinos llaman al entendimiento para posibilitar el acuerdo para la recuperación del tiempo perdido durante estos casi dos meses. En caso de no llegar a acuerdo ya se ha articulado un protocolo de actuación específico para resolverse.Las salidas con los menores se tendrán que llevar a cabo con el progenitor que esté con los menores en ese momento.

La caída de la facturación por los cierres obligatorios obligará a muchas empresas a acudir a este proceso ante la situación de insolvencia en la que han incurrido, que les impedirá hacer frente a la totalidad de sus pagos. Debido a la delicada situación del tejido productivo, los expertos creen que muchas compañías y, sobre todo, autónomos, no podrán superar el concurso y terminarán cerrando.

Los especialistas coinciden en que las empresas más afectadas serán las pequeñas y medianas, que son las compañías que tienen menos liquidez y más dificultad para hacer frente a los pagos. "A las grandes mercantiles a las que se les presupone una capacidad financiera suficiente para capear lo que venga", explica el abogado Alejandro Rey, socio de ABCGC abogados. Rey reconoce que el despacho está recibiendo ya muchas consultas de las empresas. "Empiezan a generarse de manera recurrente y la preocupación empieza a ser palpable", señala el abogado.

"Las pymes tienen una estructura financiera más débil y sufrirán más con esta crisis", destacan los expertos.

Por su parte, Santiago Hurtado, socio de Deloitte Legal, coincide en la vulnerabilidad de las pymes. "Tienen una estructura financiera más débil y sufrirán más con esta crisis", apunta. "No sólo por el parón actual, que afecta a su liquidez, sino por las consecuencias económicas del mismo en los clientes y en las cadenas de suministro", añade.

Sin embargo, Hurtado considera que aún hay esperanza en cuanto a la supervivencia. "Es previsible un incremento importante de concursos de pymes aunque no necesariamente de liquidación", precisa. "Muchos serán la consecuencia de una restructuración previa y, bien podrán alcanzar algún tipo de convenio, bien darán lugar a ventas de unidades productivas como forma de liquidación, ya sean preacordadas o derivadas de la maximización del valor en el concurso", añade.

En cualquier caso, Santiago Hurtado indica que el aumento de concursos para autónomos será "el gran impacto". A su juicio, "la legislación no ofrece un proceso ágil y producirá el colapso de los juzgados sin que además ello suponga ninguna solución". El abogado sostiene que "es necesario un cambio y la unificación en un único proceso con delimitación clara de los supuestos de persona física que puede acogerse y los créditos exonerables entre los que tiene que quedar incluido el público como forma de ayuda directa a este colectivo".

Tal es la preocupación, que el Gobierno ha suspendido los plazos para pedir el amparo de la Ley Concursal. "Entre las medidas de ámbito concursal aprobadas por el Gobierno se establece una moratoria concursal, con objeto de evitar una posible avalancha de casos de insolvencias en los próximos meses, de forma que no haya obligación de declarar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma", explica Pedro Martín Molina, administrador concursal, abogado y economista.

Los juristas aseguran que, sin esta medida, el aluvión de presentaciones podría ser ya de tal magnitud que colapsara los juzgados de lo mercantil. Con esta medida, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma.

Además, hasta que transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.

La medida ha logrado frenar por el momento los procedimientos concursales. Según los últimos datos, su presentación en marzo cayó un 24% en España. "Aunque los plazos se encuentren suspendidos, empresarios y administradores societarios tienen situadas sus mentes y preocupaciones en un plano posterior y necesitan respuestas sobre cómo actuar una vez el estado de alarma se levante", subraya el abogado Alejandro Rey.

Sin embargo, el problema queda pospuesto. "En fechas muy próximas se esperan importantes cambios de nuestra legislación concursal en el ánimo de recoger las necesidades creadas por las insolvencias como consecuencia del virus, más allá de la transposición de la Directiva europea 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que desde el mes de junio del año pasado ya se esperaba en el legislador", destaca Rey