Publicado: 20 de Abril de 2020
La caída de la facturación por los cierres obligatorios obligará a muchas empresas a acudir a este proceso ante la situación de insolvencia en la que han incurrido, que les impedirá hacer frente a la totalidad de sus pagos. Debido a la delicada situación del tejido productivo, los expertos creen que muchas compañías y, sobre todo, autónomos, no podrán superar el concurso y terminarán cerrando.
Los especialistas coinciden en que las empresas más afectadas serán las pequeñas y medianas, que son las compañías que tienen menos liquidez y más dificultad para hacer frente a los pagos. "A las grandes mercantiles a las que se les presupone una capacidad financiera suficiente para capear lo que venga", explica el abogado Alejandro Rey, socio de ABCGC abogados. Rey reconoce que el despacho está recibiendo ya muchas consultas de las empresas. "Empiezan a generarse de manera recurrente y la preocupación empieza a ser palpable", señala el abogado.
"Las pymes tienen una estructura financiera más débil y sufrirán más con esta crisis", destacan los expertos.
Por su parte, Santiago Hurtado, socio de Deloitte Legal, coincide en la vulnerabilidad de las pymes. "Tienen una estructura financiera más débil y sufrirán más con esta crisis", apunta. "No sólo por el parón actual, que afecta a su liquidez, sino por las consecuencias económicas del mismo en los clientes y en las cadenas de suministro", añade.
Sin embargo, Hurtado considera que aún hay esperanza en cuanto a la supervivencia. "Es previsible un incremento importante de concursos de pymes aunque no necesariamente de liquidación", precisa. "Muchos serán la consecuencia de una restructuración previa y, bien podrán alcanzar algún tipo de convenio, bien darán lugar a ventas de unidades productivas como forma de liquidación, ya sean preacordadas o derivadas de la maximización del valor en el concurso", añade.
En cualquier caso, Santiago Hurtado indica que el aumento de concursos para autónomos será "el gran impacto". A su juicio, "la legislación no ofrece un proceso ágil y producirá el colapso de los juzgados sin que además ello suponga ninguna solución". El abogado sostiene que "es necesario un cambio y la unificación en un único proceso con delimitación clara de los supuestos de persona física que puede acogerse y los créditos exonerables entre los que tiene que quedar incluido el público como forma de ayuda directa a este colectivo".
Plazos suspendidos
Tal es la preocupación, que el Gobierno ha suspendido los plazos para pedir el amparo de la Ley Concursal. "Entre las medidas de ámbito concursal aprobadas por el Gobierno se establece una moratoria concursal, con objeto de evitar una posible avalancha de casos de insolvencias en los próximos meses, de forma que no haya obligación de declarar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma", explica Pedro Martín Molina, administrador concursal, abogado y economista.
Los juristas aseguran que, sin esta medida, el aluvión de presentaciones podría ser ya de tal magnitud que colapsara los juzgados de lo mercantil. Con esta medida, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma.
Además, hasta que transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.
Caen un 24% en marzo
La medida ha logrado frenar por el momento los procedimientos concursales. Según los últimos datos, su presentación en marzo cayó un 24% en España. "Aunque los plazos se encuentren suspendidos, empresarios y administradores societarios tienen situadas sus mentes y preocupaciones en un plano posterior y necesitan respuestas sobre cómo actuar una vez el estado de alarma se levante", subraya el abogado Alejandro Rey.
Sin embargo, el problema queda pospuesto. "En fechas muy próximas se esperan importantes cambios de nuestra legislación concursal en el ánimo de recoger las necesidades creadas por las insolvencias como consecuencia del virus, más allá de la transposición de la Directiva europea 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que desde el mes de junio del año pasado ya se esperaba en el legislador", destaca Rey